El organismo judicial ecuatoriano determinó que no es necesario que la Asamblea Nacional (Parlamento) discuta los tratados, los cuales se devolverán a la presidencia, ahora a cargo del mandatario Daniel Noboa, para continuar con el trámite correspondiente a su entrada en vigor.
Específicamente, los documentos se denominan: Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas.
Según lo pactado entre Quito y Washington, se otorgan privilegios al personal militar y civil del país norteño con exenciones e inmunidades, equivalentes al personal diplomático.
Específicamente uno de los artículos plantea que «el personal de Estados Unidos podrá entrar y salir del territorio de la República del Ecuador con identificación estadounidense”.
Igualmente, Ecuador renuncia a la posibilidad de juzgar infracciones cometidas por el personal militar o civil de Estados Unidos, cuyo gobierno podrá ejercer jurisdicción penal sobre esas personas mientras estén en el territorio de la nación andina.
La normativa señala, además, que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa podrán entrar, salir y desplazarse libremente por Ecuador, e incluso, si necesitan utilizar el espacio radioeléctrico podrán operar sus propios sistemas de telecomunicaciones.
La decisión de la Corte tiene lugar mientras se encuentra de visita en Quito una delegación de altos funcionarios norteamericanos, incluida la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.
Autoridades de ambos países anunciaron la víspera el arribo a Ecuador de equipamiento militar de Estados Unidos y personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con el propósito declarado de contribuir a la lucha contra el crimen organizado en el marco del conflicto armado interno.
Varios analistas advirtieron que la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador y la narrativa oficial de que estamos en un país en guerra contra el narcotráfico constituirían una oportunidad para que Washington profundice su presencia militar.
Organizaciones sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), calificaron como injerencia y pérdida de soberanía esa “ayuda” ofrecida por la Casa Blanca.
mem/avr
