Para el máster en derecho constitucional Santiago Machuca, los dos convenios autorizados, firmados durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, son sumamente graves por la serie de privilegios que otorgan al personal civil y militar estadounidense.
Seis jueces serviles consiguieron eludir el control político de la Asamblea Nacional (Parlamento), aunque hubo tres voces disidentes, señaló el abogado en sus redes sociales, donde afirmó que la implementación de los tratados “comprometen gravemente nuestra soberanía”.
De forma similar se pronunció el exviccanciller Kintto Lucas, que al igual que Machuca, ve en esa decisión la entrega del país y el inicio de un Plan Ecuador, con características parecidas al Plan Colombia, puesto en práctica en el país vecino con resultados cuestionables.
El exdiplomático recordó que Washington presionó de todas formas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, incluido un intento de golpe de Estado, pero esa era una administración soberana, subrayó.
El organismo judicial determinó que no es necesario que la Asamblea discuta los tratados, los cuales se devolverán a la presidencia, ahora a cargo del mandatario Daniel Noboa, para continuar con el trámite correspondiente para su entrada en vigor.
Específicamente, los documentos se denominan: Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas.
Esas normativas le otorgan una serie de beneficios al personal civil y militar de Estados Unidos dentro del territorio ecuatoriano, como exenciones en pagos de impuestos, amnistías, libertad de uso del espacio aéreo y terrestre, libre uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano, porte de armas, entre otros.
Aunque los acuerdos fueron firmados en octubre de 2023, el pronunciamiento de los letrados coincide con la crisis de seguridad y violencia criminal que conllevó al decreto de conflicto armado interno que publicó la administración de Noboa a inicios de enero.
Ahora el Ejecutivo está a una firma de ratificar ambos tratados y ya esta semana el mandatario se reunió con una delegación de altos funcionarios estadounidenses, incluida la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, la misma que expuso
La general, que se encuentra de visita en Quito, afirmó que Washington tiene un plan de seguridad de cinco años para Ecuador, donde invertirán 93,4 millones de dólares en el sector.
En relación con los acuerdos que este miércoles la Corte Constitucional dio vía libre para su implementación, Richardson aseguró que, en efecto, permitirán mayor presencia militar estadounidense a través de cooperación, de equipos de capacitación móviles, y también mediante intercambios de pequeñas y medianas empresas.
Aseveró que los militares norteamericanos podrían realizar dentro de las fronteras ecuatorianas entrenamientos y “ejercicios”.
Desde que se anunció la visita de Richardson y el resto de la comitiva de la Casa Blanca, el profesor universitario y experto en temas de seguridad Luis Córdova, alertó que Estados Unidos busca implementar un «Plan Ecuador» bajo el antifaz de Plan Fénix, nombre que Noboa dio durante su campaña a la estrategia para frenar el crimen.
El fracaso del Plan Colombia es una experiencia que no podemos replicar, los casos de violaciones de derechos humanos, falsos positivos, matanzas de campesinos, explotación ilegal de recursos naturales y fomento de grupos paramilitares son situaciones que debemos evitar en nuestro país, declaró la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
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