Martínez expresó la preocupación de varias organizaciones sociales y de derechos humanos con los menores y adolescentes que han sido detenidos en delito flagrante, en el contexto del conflicto armado interno que atraviesa el país andino.
Todos compartimos la necesidad de que la fuerza pública enfrente los niveles de violencia y los actos terroristas en el territorio nacional, pero lo que sí es imperdonable, es que sobre eso se violen los derechos humanos, alertó el activista.
Según Martínez, el 10 por ciento de la población asesinada en Ecuador, son niños y otro gran porcentaje ha perdido a sus familiares como consecuencia de la violencia, o están siendo reclutados por los grupos criminales.
¿Qué hacemos con un adolescente infractor? -reflexionó- ¿Le pegamos un tiro en la nuca, como dicen muchos en las redes sociales? ¿Está bien que se le pegue, se le maltrate y se le trate de mane denigrante? El Estado no puede enfrentar la violencia con la misma violencia, advirtió.
Martínez, exhortó al Ejecutivo a hacer cumplir la Constitución ecuatoriana y juzgar a los menores y adolescentes infractores de acuerdo a lo que establece la ley.
Recientemente, la Policía Nacional alertó que al menos mil 326 menores, entre 12 y 17 años, abandonaron las aulas en Ecuador para unirse a bandas delictivas.
De acuerdo con un informe policial, los adolescentes estuvieron relacionados con delitos como tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico, robo a personas y otros asociados al crimen organizado.
El documento reveló que los delincuentes captan a los estudiantes ofreciéndoles retribuciones económicas atractivas para su edad.
La provincia de Guayas es el territorio con mayor número de menores detenidos, con 367 casos, seguida de Pichincha, donde se reportaron 153 detenciones.
Esta nación sudamericana atraviesa por un conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa, luego de que el pasado 7 de enero se fugara de la Cárcel Regional de Guayaquil el cabecilla de la banda Los Choneros, Adolfo Macías (Fito) y a raíz de ese suceso comenzaran una serie de actos violentos en centros de privación de libertad y en las calles, como el secuestro y asesinato de policías.
Analistas advierten que la militarización es insuficiente para resolver la crisis de violencia e inseguridad aquí, mientras no se apliquen políticas sociales contra la pobreza y la desigualdad.
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