El más reciente balance de las acciones para enfrentar el crimen organizado en el país, indica que desde el 9 de enero se ejecutaron más de 57 mil operativos y en ellos aprehendieron a 237 personas por presunto terrorismo.
A medida que crece la cifra de detenidos surgen preocupaciones sobre la capacidad del sistema carcelario, que antes de esas acciones ya enfrentaba la sobrepoblación.
Aunque la información oficial no precisa cuántos de los más de cuatro mil aprehendidos este mes pasaron a prisión preventiva, ni cuántos quedaron en libertad, el volumen de detenciones supone que se incremente el número de reclusos.
El sistema carcelario del país cuenta con una capacidad de 27 mil 556 plazas, pero el año pasado albergó a 31 mil aproximadamente.
Este martes, el presidente Daniel Noboa reconoció las falencias de las prisiones, administradas por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
El mandatario espera aliviar el problema del hacinamiento en las penitenciarías con la repatriación de alrededor de tres mil 200 presos extranjeros y con la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció la restricción de acceso a agua potable y alimentación a los privados de libertad en instituciones como la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país.
“Las familias señalaron estar incomunicadas con sus parientes en prisión y tener prohibición de visitarlos durante la ocupación militar”, señala un informe de la organización.
Además, el Comité pide investigar presuntas prácticas de tortura y violaciones de derechos de los reos, como negación de comida, encierros en celdas con gas pimienta, golpes y azotes “entre otros actos que atentan a la dignidad humana”.
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