Un total de 83 legisladores votaron contra la iniciativa de subir el IVA de forma permanente del 12 al 13 por ciento y al 15 por ciento hasta 2026.
Esa propuesta no contó con respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), ni del Partido Social Cristiano (PSC) ni de otras organizaciones dentro del Parlamento por considerar ese tributo como regresivo, que afecta el consumo y los bolsillos de las clases medias y bajas.
Durante el debate, que se extendió por unas cinco horas, asambleístas de la RC exhibieron carteles donde llamaban a la banca y a los ricos a asumir el costo de la crisis fiscal y, por ende, contribuir al financiamiento de las operaciones contra el crimen organizado.
El legislador Blasco Luna, de la RC, afirmó que subir el IVA no es la única alternativa, por lo cual pidió archivar el proyecto presentado y analizar el informe de su bancada que incluía otras vías para recaudar divisas, sin embargo, esa moción no se votó.
Tras rechazar el alza del IVA, los parlamentarios aprobaron una contribución temporal de entre el cinco y el 25 por ciento sobre utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito.
También dieron luz verde a un incremento del Impuesto a la Salida de Divisas, el cual será del cinco por ciento, y las empresas deberán pagar una contribución especial temporal para la seguridad de forma proporcional a sus utilidades.
De igual manera, aceptaron establecer un IVA diferenciado para materiales de construcción, que será del cinco por ciento.
Tras el análisis legislativo del proyecto económico urgente, la disposición pasará a manos del presidente Noboa, quien podría vetarla total o parcialmente, sobre todo porque en reiteradas ocasiones ha insistido en su interés de subir el IVA.
De ser el caso, los legisladores deben contar con 92 votos para mantener su decisión.
Entretanto, este martes cientos de ecuatorianos se congregaron en las afueras de la Asamblea para pronunciarse a favor y en contra del alza del IVA, la más polémica de las sugerencias de Noboa.
Representantes de organizaciones sociales y sindicales exigieron al mandatario y a la empresa de su familia pagar los impuestos que adeudan al Estado.
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