Durante la sesión de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea General de la ONU, el representante permanente alterno de la isla, Yusnier Romero, recordó que la protección social, más que una garantía de empleo, salario y seguridad económica, es un derecho constitucional para los cubanos.
Al mismo tiempo, la nación trabaja en la implementación de programa para un Trabajo Digno, el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en un Servicio de Gestión de Empleo que contribuya a la incorporación a la vida laboral de grupos en situaciones de vulnerabilidad, dijo.
La asistencia social, añadió el también embajador, protege con prestaciones monetarias a casi 370 mil cubanos, incluyendo madres de hijos con discapacidad severa, adultos mayores y personas con discapacidad.
La semana pasada, el país impulsó un aumentó en tres meses a la licencia por maternidad y paternidad, que ahora será de 15 meses, agregó el diplomático.
A la par, el Gobierno cubano aprobó recientemente la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes, que se orienta a articular a todos los factores que intervienen en la atención y protección de estos grupos.
Ese programa, insistió Romero, transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo de la nación.
El representante cubano remarcó la necesidad de que los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo social sean respaldados con acciones concretas que muestren un verdadero espíritu de solidaridad y cooperación internacional.
Al respecto, mencionó la posibilidad de facilitar al Sur mayor acceso a mercados, financiamiento en condiciones justas y preferenciales, creación de capacidades, transferencia de tecnologías y recursos, y el cese definitivo de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
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