“Que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría”, afirmó el mandatario este jueves en un acto en la provincia de Manabí.
El gobernante destacó los resultados obtenidos por el bloque de seguridad en las acciones realizadas desde el pasado 9 de enero, cuando se decretó la existencia del conflicto armado interno.
Hasta la fecha van más de ocho mil detenidos, de ellos 241 por presunto delito de terrorismo, y continúan las intervenciones en centros penitenciarios.
Las declaraciones de Noboa llegan luego de que el juez Manuel Peña determinara que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de los presos en las cárceles en medio del estado de excepción.
En la sentencia, el magistrado declaró responsable al Estado ecuatoriano “por acción y omisión” por considerar que los militares incurrieron en acciones contra la integridad de los reos al someterlos a maltratos que “podrían ser tortura” y deberán ser investigados por la Defensoría del Pueblo.
Una vez determinada la violación de los derechos de los presos, el juez Peña también concedió medidas de reparación integral a su favor, entre ellas determinó la atención médica ininterrumpida y el seguimiento a su estado de salud mental.
Asimismo, el letrado exhortó a las Fuerzas Armadas a enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad y decretó que el Sistema de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) otorgue colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa.
Desde que comenzaron las operaciones contra el crimen organizado colectivos defensores de los derechos humanos han alertado sobre las vulneraciones.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos exigió a la Defensoría del Pueblo información sobre las actuaciones de las autoridades ante los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles, en el marco de sus competencias y por mandando de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
Paralelamente, en redes sociales se difunden videos y fotos de uniformados que humillan y denigran a los detenidos, aunque las Fuerzas Armadas señalan que algunos son falsos y que “respetan los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
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