Este jueves, el gobierno ecuatoriano anunció que una misión oficial viajaría a Moscú para tratar de resolver el dilema. Mientras una delegación rusa visitará próximamente plantaciones de banano en este país.
El pasado 2 de febrero, Rusia suspendió la compra de banano ecuatoriano proveniente de cinco empresas con el argumento de la detección sistemática de la conocida como mosca jorobada en las frutas, una plaga considerada peligrosa.
Esa restricción afectó al 21 por ciento del total de las exportaciones de banano hacia Rusia, principal destino de ese producto.
La suspensión se dio en medio de la tensión generada porque Ecuador decidió entregar a Estados Unidos material militar ruso supuestamente en desuso.
No obstante, este viernes autoridades ecuatorianas se reunieron en la ciudad costera de Guayaquil con el embajador de Rusia en esta nación sudamericana, Vladimir Sprinchan, quien confirmó a la prensa de su país la decisión de Quito de dar un paso atrás y no enviar el equipamiento militar.
En diciembre pasado, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que su país planeaba intercambiar con Washington equipos obsoletos, «chatarra”, por artefactos de nueva generación valorado en 200 millones de dólares.
Luego, el pasado 8 de febrero, Kevin Sullivan, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, reconoció que esa entrega era parte de “un arreglo” para transferir equipamiento militar a Ucrania. Para el legislador del movimiento Revolución Ciudadana Patricio Chávez, quien fue embajador en Rusia entre 2007 y 2015, la decisión de Ecuador constituía “un grave error en política exterior”.
Entretanto, también esta semana el Ejecutivo ratificó el Tratado de Libre Comercio establecido con el gobierno de China y aprobado la semana pasada en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Noboa calificó este convenio como una puerta de oportunidades comerciales sin precedentes, dado que el gigante asiático es uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo, destino estratégico para las exportaciones no petroleras.
En medio de ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el calendario para la consulta popular y referendo constitucional, y la fecha de la votación será el domingo 21 de abril próximo y declaró el inicio del periodo electoral para estos nuevos comicios.
Los ecuatorianos deberán responder a interrogantes que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
También buscan aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo.
De igual manera, otras preguntas están relacionadas con reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
La propuesta de Noboa de realizar una consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, el cual costaría alrededor de 60 millones de dólares.
mem/nta
