El organismo aseguró que el monto requerido para la cita en las urnas se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público.
De esa cantidad, 8,8 millones de dólares será para las papeletas, ocho millones para las Fuerzas Armadas, 4,3 millones para la Policía Nacional y cinco millones para tecnología.
El resto de los fondos servirán para garantizar la votación en el exterior, campañas informativas, material de capacitación, el pago a quienes conformarán las Juntas Receptoras del Voto y otros gastos, como la observación electoral.
Como #PlenoCNE, por unanimidad, aprobamos el presupuesto que garantizará el correcto desarrollo del #ReferéndumYConsulta2024.
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— Diana Atamaint (@DianaAtamaint) February 20, 2024
El pasado 9 de febrero, el presidente Daniel Noboa firmó los Decretos Ejecutivos 162 y 163, mediante los cuales dispuso al CNE llamar a consulta popular y referéndum con 10 preguntas propuestas por él, aceptadas por la Corte Constitucional, y otra interrogante pendiente del mandato de Guillermo Lasso.
Los ecuatorianos deberán responder a cuestionamientos que conllevarían modificaciones a la Carta Magna y que están relacionados con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
También buscan aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo.
De igual manera, otras preguntas están relacionadas con reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
La propuesta de Noboa de realizar una consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en el Legislativo sin necesidad de realizar el proceso, considerado costoso en las actuales circunstancias de déficit fiscal del país.
Analistas consideran que para el mandatario, la consulta busca generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo en sus intenciones de postularse para un nuevo periodo de cuatro años en los comicios de febrero del 2025.
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