Según reveló la Fiscalía General del Estado el fallo, adoptado por dos jueces, impidió la sentencia de ocho años de cárcel, establecida para el abuso de bienes públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, Romero y otras tres personas vinculadas al caso habrían utilizado un monto de 162 mil 546 dólares, entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2013, en una operación encubierta de contrainteligencia.
Tras conocer el dictamen, que incluyó retirar las medidas cautelares en contra del exsecretario de la Senain, la parte acusadora anunció que apelará a la sentencia.
Por su parte, el abogado defensor de Romero, Carlos Alvear, ratificó a medios de prensa que según los jueces no existió el delito de peculado y tampoco se evidenció responsabilidad.
En esa misma línea, el jurista Alejandro Vanegas señaló en su cuenta en Twitter: ‘La razón, no pide fuerza, Pablo Romero fue víctima de criminalizar la política, no merece ni un día haber estado privado de su libertad’.
Asimismo, denunció que el Lawfare o guerra política se ha paseado impune por Ecuador, donde juicios penales selectivos avergüenzan a la administración de justicia.
El caso, denominado Caminito, abrió a partir de un informe con indicios de responsabilidad emitido por la Contraloría General.
Además de Pablo Romero, los otros acusados fueron: Cecilia Santillán, Jorge Garzón y Juan de Dios Lozano Chapiro, exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia.
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