Las muestras de apoyo aumentaron tras el resultado de la audiencia de recusación presentada por el equipo legal del ciudadano sueco radicado en esta nación sudamericana desde 2013 y acusado en 2019, inicialmente de ataque a la integridad de los servicios informáticos del estado, delito que después cambió por el de ‘acceso no consentido a un sistema’.
Durante la reciente diligencia, la jueza Ximena Rodríguez admitió que existieron vulneraciones, lo cual generó una situación de denegación de justicia.
‘Hoy la justicia ecuatoriana le ha dado la razón a @olabini y ha sentenciado que la Jueza Yadira Proaño sea separada del conocimiento del proceso penal. Sí, la jueza que demoró más de 200 días en reanudar una audiencia’, anunció Carlos Soria, abogado defensor de Bini.
Soria recalcó que quedó verificada la violación de los derechos humanos y constitucionales de su defendido y en los próximos días un nuevo juez estará a cargo de la causa, abierta a partir del arresto del activista en abril de 2019, considerada arbitraria e ilegal por su equipo de abogados.
Insistentemente, el letrado refiere que en ese caso son más de 100 las violaciones al debido proceso, además de inventar y utilizar evidencias en su contra.
La investigación contra el informático sueco partió de una supuesta llamada anónima y fue impulsada además por el entonces presidente de la república Lenín Moreno y la exministra de Gobierno (Interior) María Paula Romo, quienes públicamente lo acusaron de hackeo.
Entonces también pesó su relación cercana con el fundador de WikiLeaks Julian Assange, quien perdió el asilo político concedido por Ecuador en el Reino Unido esa misma jornada, acto ampliamente rechazado por la ciudadanía y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Durante todo el proceso, tanto sus abogados como el propio acusado denunciaron irregularidades, que fueron obviadas y que, entre otras faltas, lo mantuvieron 70 días en prisión.
La defensa de Bini exige abrir una investigación por fraude procesal y afirma contar con las evidencias del delito, que involucraría desde el exmandatario Moreno hasta el policía participante en la acción de arresto del desarrollador de software.
Justicia y reparación es la demanda que pulula hoy en redes sociales, convertidas en un espacio para la defensa del informático por más de dos años.
Al respecto, el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, escribió en Twitter: ‘Jueza Yadira Proaño, no sólo debe ser separada del conocimiento de esa causa, sino de la Función Judicial, por su prepotencia y abuso de poder’.
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