Este jueves, Washington continuó su escalada agresiva hacia la mayor de las Antillas, pues la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió nuevas disposiciones contra el titular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, y la entidad adscrita al Minint.
Biden justificó esas acciones con el argumento de que durante los disturbios del 11 de julio hubo abusos por parte de las autoridades cubanas, aunque videos divulgados en redes sociales muestran a los manifestantes en actos vandálicos y atentados contra los agentes del orden y la propiedad estatal.
Esto es solo el comienzo, aseveró el mandatario según un comunicado de la Casa Blanca, Estados Unidos sancionará ‘a los responsables de la opresión al pueblo cubano’.
El jefe de Estado una vez más obvió mencionar al bloqueo impuesto por su gobierno al país caribeño, principal obstáculo al desarrollo de la isla y causa fundamental de la escasez de alimentos y medicinas en medio de la pandemia de Covid-19, según denuncia La Habana.
Asimismo, el gobernante dijo apoyar al pueblo cubano, pero no anunció ninguna medida para flexibilizar las 243 disposiciones adoptadas por su predecesor, Donald Trump, que recrudecen el cerco unilateral y asfixian la economía de la nación antillana.
Reiteró los ‘esfuerzos’ por facilitar el acceso a Internet de los cubanos pese a que durante años obstaculizaron la conectividad de la isla a través de los cables de fibra óptica existentes alrededor del país.
Mencionó también que estudia la posibilidad de retomar el envío de remesas de forma tal que no beneficien al gobierno cubano y analiza la reapertura de los servicios consulares en La Habana, revisiones dilatadas desde su llegada al poder hace seis meses.
El demócrata manifestó que trabajará junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ‘para presionar al régimen’ y permitir al pueblo cubano ‘disfrutar de sus derechos fundamentales’.
A propósito, el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez, denunció que Washington ejerce brutales presiones sobre gobiernos de países latinoamericanos para forzarlos a sumarse a un proyecto de declaración contra Cuba.
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