La labor la realiza la Comisión de Fiscalización y Control Político, cuyos miembros reciben declaraciones de funcionarios y personas que fungieron como servidores de varias instituciones, para la sustanciación del pedido.
Ante el equipo legislativo compareció esta jornada Natalia Cárdenas, exfuncionaria de la empresa pública Petroecuador, involucrada en el caso de corrupción conocido como Las Torres, en el cual Celi es investigado por presunta delincuencia organizada.
El parlamentario interpelante Juan Cristóbal Lloret también comparecerá en el proceso, que ya incluyó numerosos testimonios, entre estos el de Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos, quien se refirió al incendio registrado en la Contraloría General del Estado en octubre de 2019, durante los 11 días de protesta contra medidas económicas neoliberales.
Según afirmó Cárdenas, las investigaciones determinaron que el siniestro fue provocado de forma intencional y estuvo centralizado en las áreas de Talento Humano, Archivo, Responsabilidades y Predeterminaciones, entre otras oficinas administrativas.
La sustanciación del juicio político incluyó, además, a extrabajadores de la Contraloría, quienes aseguraron haber recibido presiones para desvanecer glosas o limpiar informes de empresas.
Algunos señalaron que fueron trasladados de sus oficinas y finalmente separados de la institución al negarse realizar acciones irregulares.
El juicio político contra Pablo Celi fue aprobado por los nueve miembros de la Comisión de Fiscalización del parlamento unicameral a finales de junio pasado en base a cinco causales, entre estas la legalización de su nombramiento, pues no hay una acción de personal que certifique la subrogación después de la salida de su antecesor Carlos Pólit, sentenciado por corrupción.
También sirvieron como argumento el rol de Celi en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y el contrato millonario suscrito con Daniel Salcedo, condenado a cuatro años de cárcel por fraude procesal y con otros procesos jurídicos en curso.
Consta, además, la interferencia de la Contraloría en las competencias exclusivas de la Función Electoral, cuando dispuso eliminar cuatro movimientos del registro de organizaciones políticas y recomendó hacer una auditoría al sistema informático del máximo órgano comicial durante los sufragios generales de febrero último.
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