Esta vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió nuevas disposiciones contra la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y dos de sus directivos, Oscar Callejas y Eddy Sierra, por supuestos abusos durante los disturbios del pasado 11 de julio.
Una vez más Washington se escuda en la Ley Global Magnitsky para aplicar restricciones a funcionarios y entidades de la isla por supuestamente violar los derechos humanos en las protestas, aunque videos muestran actos vandálicos y atentados contra los agentes del orden y la propiedad estatal.
La PNR, Callejas y Sierra fueron incluidos en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, con lo cual las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense no podrán negociar con los sancionados.
Medios locales anunciaron que Biden se reuniría este viernes con opositores al gobierno cubano que desde las redes sociales instan al caos y a la subversión en la Mayor de las Antillas, donde el bloqueo estadounidense impide un mejor enfrentamiento a la pandemia de Covid-19.
La semana pasada la OFAC dictó medidas similares contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (Minint).
De acuerdo con las autoridades cubanas, esas restricciones son irrelevantes desde el punto de vista práctico, pero políticamente sí tienen implicaciones, pues forman parte de la escalada agresiva hacia el país caribeño impulsada desde Washington, que incluso presiona a terceros países para hacer pronunciamientos contra La Habana.
Estados Unidos no tiene la menor autoridad ni legal ni política ni moral para sancionar a la gente por el mundo, aseveró hace unos días el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Añadió que tienen una conducta bastante reprobable en materia de represión, de uso de las fuerzas armadas en terceros países, de víctimas llamadas colaterales y de actos de tortura reconocidos por el propio gobierno.
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