El fallo a su favor lo dictaminó la Corte de Justicia de Pichincha, tras rechazar un recurso de apelación presentado por los ediles de oposición, quienes separaron del puesto al burgomaestre y ubicaron en su lugar a Santiago Guarderas, quien fungía como vicealcalde. De acuerdo con el texto: ‘queda sin efecto la remoción’.
Este caso se remonta al pasado 3 de junio, cuando los opositores motivaron su remoción amparados en unas denuncias de grupos ciudadanos que acusaban al alcalde de haber incumplido sus funciones y haberse negado a rendir cuentas de su gestión.
‘Fui electo en las urnas, luchar por los derechos de un ecuatoriano y luchar por los derechos de quienes votaron por mí se llama democracia. A trabajar que ya vienen elecciones y puedes candidatizarte’, escribió de su parte Yunda en su cuenta de Twitter.
Una vez anunciado lo dispuesto por el tribunal, el directivo regresó al Palacio Municipal, escoltado por simpatizantes y desde allí hizo un llamado a la paz y a retomar el trabajo constante de los concejales por la urbe.
En declaraciones a medios de prensa, señaló que no tiene resentimientos ni odios.
‘Yo participé en una lid electoral, nadie me ha regalado este puesto. La gente libre y voluntariamente se pronunció en las urnas (…) La situación de la ciudad, del país y del mundo requieren de poner a un lado temas políticos, ideológicos, partidistas e intereses personales de un grupo y dejar que el bien nos pueda sacar adelante’, añadió.
Asimismo, señaló que la pobreza, extrema pobreza, el desempleo y subempleo, son los temas a tratar con los 21 concejales, con el gobierno nacional, el legislativo y la prefectura de Pichincha, entre otras instancias.
De su lado, Santiago Guarderas, quien asumió la alcaldía el pasado 20 de julio, en reemplazo de Yunda, rechazó el dictamen y acudió al Concejo de la Judicatura junto a otros ediles, desde donde dijo: ‘vamos a ejercer todas las acciones que están en el ordenamiento jurídico’.
La destitución de Jorge Yunda fue aprobada por 14 de los 21 concejales el pasado 3 de junio, por causales como supuesta mala administración e incumplimiento de funciones y obligaciones legales, entre ellas la asignación de espacios para la participación ciudadana y rendición de cuentas.
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