La acción se sumó a la huelga de hambre que por 22 días consecutivos mantienen docentes, estudiantes y padres de alumnos en ciudades de 11 de las 24 provincias de este país andino, en reclamo a la Corte Constitucional, de permitir la entrada en vigor de la regulación, aprobada por el legislativo desde abril pasado.
Cierre de vías, quema de llantas y el bloqueo del céntrico Puente de la Unidad Nacional fueron parte de la manifestación en la segunda urbe más poblada de esta nación andina.
De acuerdo con los participantes, la protesta rechaza además la presión ejercida por el gobierno a la Corte, para que deje sin efecto la LOEI.
Al grito de: ‘Adelante el magisterio, unidos venceremos’, los profesores, acompañados de banderas y pancartas con demandas, estuvieron acompañados por alumnos y familiares de los educandos, a cuyo juicio, está en riesgo el futuro de una docencia de calidad y del país.
La víspera, la Unión Nacional de Educadores (UNE), impulsora de la huelga de hambre, señaló: ‘Han transcurrido ya 21 días, nuestra salud esta muy deteriorada, nuestro cuerpo débil y a la espera de que tanto el gobierno del presidente Lasso y los Jueces de la Corte Constitucional se pronuncien ratificando la Constitucionalidad de las Reformas LOEI’.
Sin embargo, no ha habido respuesta por parte de las autoridades pertinentes, a pesar de las promesas de la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, y de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, de generar espacios para llegar a un consenso sobre la situación y no perjudicar la educación.
Las reformas a la LOEI debieron entrar en vigencia desde el pasado mes de julio, sin embargo, desde mayo último, la Corte admitió a trámite un pedido de inconstitucionalidad, interpuesto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y desde entonces no ha emitido fallo alguno.
El cuerpo legal comprende la asignación del seis por ciento del Producto Interno Bruto para la educación y plantea equiparar la remuneración del magisterio con la escala salarial del sector público.
La regulación también trata temas sensibles como el acoso sexual y la violencia en el sector, conectividad en todos los establecimientos de educación pública del país y servicio gratuito de internet.
Asimismo, reconoce los años de experiencia para la revalorización docente y la recategorización automática e intercambio voluntario de puestos laborales entre maestros, entre otros beneficios.
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