Al menos 61 proyectos de ley con disposiciones que dificultarán el sufragio avanzan en 18 legislaturas estaduales, lo cual pone el tema sobre el tablero público y aporta presión a otro demócrata, Joe Biden.
El frenetismo es aún mayor, legisladores republicanos en 49 estados han presentado este año casi 400 proyectos de ley bajo el argumento de reforma electoral y de esas iniciativas una treintena se convirtieron en ley, más que las promulgadas en 2011, cuando desplegaron un esfuerzo legislativo similar.
Durante un discurso el 13 de julio en Filadelfia, una ciudad considerada como la cuna de la democracia estadounidense, Biden afirmó que esto es ‘un asalto’ a los derechos al voto tan duramente conseguidos.
Dijo que viven la peor amenaza a la democracia estadounidense y criticó a los legisladores que pretenden utilizar la ‘Gran Mentira’ sobre las elecciones presidenciales de 2020 para justificar restricciones que amenazan con privar de ese derecho a millones de afroamericanos y otras minorías.
Líderes y activistas de derechos civiles se sienten frustrados y cuestionaron en una carta enviada el mes pasado al gobernante que no ha puesto el ‘extra’ de su capital político en este asunto.
Según plantean, la histórica ley enfrenta a sus 56 años su peor momento existencial por esa ola de ataques a las protecciones legales refrendadas por Johnson cuando el 6 de agosto de 1965 se sentó bajo la cúpula del Capitolio y, a la sombra de una estatua de Abraham Lincoln, rubricó la ordenanza.
Las restricciones más onerosas que se están impulsando y aprobando en Arizona, Florida, Texas, van dirigidas a la forma en que nosotros, como asiáticos, votamos en gran número, advirtió Varun Nikore, un líder de la comunidad de asiático-americanos.
Todas otorgarán a los legisladores estatales más poder sobre el desarrollo de las elecciones y facilitarán la impugnación de los resultados.
Para Nikore fue gracias a segmentos de votantes como el suyo que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están en el cargo. Necesitamos aumentar la participación, necesitamos un acceso más fácil al voto, y la Ley para el Pueblo ayudará a ello, enfatizó, refiriéndose a la legislación sobre el derecho al voto aprobada por la Cámara de Representantes pero que se enfrenta a un callejón sin salida en el Senado.
‘Para tener un liderazgo multirracial verdaderamente representativo, necesitamos eliminar las barreras al voto, en lugar de dificultar aún más el de las minorías, como están haciendo algunos estados en este momento’, concluyó.
Uno de los dos proyectos federales que ‘duermen’ en el Congreso es la Ley para el Pueblo, especie de revisión de las ordenanzas vigentes que se consideró más una declaración política que una legislación viable cuando se presentó por primera vez en 2019.
El otro es la Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis, que restauraría partes importantes de la Ley de Derecho al Voto que el Tribunal Supremo eliminó en 2013.
Con un golpe de pluma, Johnson anuló en 1965 las prácticas de voto discriminatorias que se habían adoptado, principalmente en los estados del Sur, que afectaban de sus derechos a los negros.
Tales normas, en su mayoría remontadas al final de la Guerra Civil en 1865, incluían una serie de regulaciones que impedían a los afroamericanos ejercer un derecho consagrado en la decimoquinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En una época en la que la supresión de votantes era virulenta, el mandatario quería mostrar al mundo que el derecho al voto era tan importante para el tejido de la nación como los sagrados hechos de Lincoln.
A juicio de analistas lo que tienen en común 2021 y 1965 es la amenaza contra la estabilidad y la durabilidad de una democracia que se autoproclama como la mejor del mundo.
Pero hoy conspiran contra ella ‘muchas de las mismas fuerzas, muchas de las mismas prácticas en elecciones que inspiraron la Ley de Derecho al Voto original de 1965’, advirtió el exrepresentante demócrata por Texas y excandidato presidencial Beto O’Rourke.
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