El proceso implica al exministro boliviano de Gobierno Arturo Murillo; a su exjefe de gabinete Sergio Méndez; al boliviano-estadounidense Philip Lichtenfeld, y a los empresarios Luis Berkman Litmann y Bryan Berkman, añadió la Procuradoría local.
‘La demanda presentada hace dos semanas rindió frutos y esperamos que el procedimiento sea completado en breve, pues cada uno de los notificados tiene 20 días para responder por la vía legal’, añadió el procurador local Wilfredo Chávez.
El jurista citó al juez estadounidense William Thomas respecto a que el juicio contra Murillo y los demás por soborno y lavado de dinero aspira a la recuperación de 2,3 millones de dólares de sobreprecio que obtuvieron en la compra de los gases lacrimógenos.
Thomas recordó que el ex funcionario recibió este lunes la notificación sobre la postergación de su audiencia para el 9 de septiembre, junto a la cuantificación de una fianza de 250 mil dólares para defenderse en libertad durante el juicio.
Chávez, por su parte, aclaró que esa medida financiera judicial no puede ser apelada según las leyes estadounidenses, pero requiere el cumplimiento de varios requisitos.
Uno de ellos, advirtió, es que la fianza tiene que ser cubierta con dinero limpio, mediante la licitud de la moneda con la cual Murillo debe pagar, además de que el acusado debe cumplir reglas, como el uso de manillas electrónicas.
El gobierno de facto tramitó de forma ilegal en noviembre de 2019 la compra de gases lacrimógenos para la policía en el contexto de las manifestaciones a favor del entonces presidente Evo Morales.
La adquisición de esos medios militares fue respaldada por tres decretos supremos, y concretada a través del Ministerio de Defensa, según las investigaciones.
Autoridades bolivianas investigan por el referido caso a una veintena de personas, que deben responder por hasta siete delitos.
Entre los encartados sobresalen la expresidenta Jeanine Áñez, ya en prisión; Murillo, y el exministro de Defensa Luis Fernando López.
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