Los pedidos fueron impulsados por los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik), quien lo acusa de supuesta arrogación de funciones y falta de probidad notoria, y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática), a cuyo juicio Carrión perdió la confianza del pueblo para ejercer el cargo.
Entre las causales consta el encargo de funciones a la vicedefensora Zaida Rovira, desde el 18 de mayo último, cuando ya estaba privado de su libertad, así como suscribir y enviar, desde la Cárcel 4 de Quito, vía correo institucional, una resolución con la cesación de labores de la funcionaria y la designación en su reemplazo de Tania Castillo.
Ambos parlamentarios también coinciden en criticar al defensor por violar el estado de excepción vigente en Quito en mayo último y acudir a una fiesta en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconí, con quien protagonizó una pelea violenta y donde fue acusado de supuesto abuso sexual contra la pareja del extitular, lo cual abrió un proceso en su contra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, inciso primero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político, tiene un plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud, para avocar conocimiento del pedido y verificar que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución.
Según lo dispuesto, si el equipo parlamentario no se pronuncia al respecto, la petición será archivada.
La misma norma, en el inciso segundo, prevé que una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio del proceso, acompañado de la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, en espera de la respuesta a las acusaciones y pruebas de descargo, en el plazo de 15 días.
Mientras comienza la evaluación del pedido de juicio político, Carrión cumple prisión preventiva, investigado por presunto abuso sexual.
Su caso se suma a otro contra el excontralor general Pablo Celi, indagado penalmente, tras una acusación de la Fiscalía de la República por presunta delincuencia organizada, y en la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones.
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