Es el cerco unilateral de Washington el que impide el desarrollo real de todos los sectores de la economía y la sociedad cubanas, incluido el ámbito de las telecomunicaciones, expresó en entrevista con Prensa Latina Ismara Vargas, directora de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos (DGEU) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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El 11 de agosto –dijo–, los departamentos del Tesoro y el Comercio de ese país emitieron una Hoja Informativa bajo el título ‘Apoyando el derecho de los cubanos a buscar, recibir e impartir información a través de un acceso seguro a Internet’.
Se trata de un documento que recoge las disposiciones en vigor de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Buró de Industria y Seguridad (BIS) relacionadas con algunas exenciones a las regulaciones del bloqueo en materia de Internet y telecomunicaciones a Cuba, explicó la diplomática.
El texto –acotó– remarca el supuesto compromiso del gobierno de Estados Unidos en proveer servicios en esta área, y señala que en el caso de que individuos, entidades o gobiernos presenten dudas o requieran de autorizo adicional, la OFAC y el BIS trabajarán en función de esclarecer y responder a solicitudes de licencias específicas, o permisos.
‘No se anuncian medidas nuevas, sino que se publican en forma de recordatorio las licencias generales y específicas emitidas durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) en el ámbito de las telecomunicaciones’ y, por supuesto, algunos de esos beneficiados son los ciudadanos que ellos consideran ‘elegibles’ en Cuba.
Recalcó Vargas que la publicación de la Hoja Informativa por los departamentos del Comercio y el Tesoro ocurre en un contexto de presiones de los sectores anticubanos para que se adopten medidas en relación con la conectividad a Internet aquí.
Se trata de un tema que tiende a suscitar consenso bipartidista –comentó– y se refleja tanto en las solicitudes de congresistas al Ejecutivo como en las declaraciones de altos funcionarios del gobierno.
Pero los argumentos que se manejan son endebles, carecen de hechos factuales y reflejan una distorsión del estado actual de la conectividad en Cuba, opinó la directora de Asuntos Legales y Análisis de la DGEU.
Añadió que, además, se desconocen los avances impulsados por el Gobierno cubano en los últimos años para llevar adelante el proceso de informatización de la sociedad y el reconocimiento internacional del ritmo acelerado que ha tenido Cuba en extender los niveles de conectividad.
Vargas recordó que la Hoja Informativa reciente coincide en el tiempo con una acción promovida por los sectores anticubanos en el Congreso.
El pasado 10 agosto, el Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda introducida por el senador Marco Rubio a una resolución concurrente de ese órgano legislativo que establece el presupuesto federal para 2022 y los niveles presupuestarios para 2023-2031.
Según la enmienda aprobada –apuntó– se dispone que se establezca un Fondo de Reserva de Déficit Neutro, relacionado con la facilitación de la prestación del servicio de Internet a los ciudadanos cubanos.
Sin embargo, ‘este tipo de fondos no constituyen montos específicos de dinero, sino un mecanismo de chantaje que usan generalmente los legisladores del Partido de la oposición para que la legislación presupuestaria incluya temas correspondientes con sus intereses políticos’, puntualizó.
Enfatizó que, no obstante, el texto aprobado en el Senado es un indicador de las presiones ejercidas por los sectores anticubanos para motivar acciones del Gobierno en materia de Internet.
La resolución aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes, lo que puede producirse por mayoría y reiteró que si el gobierno de Estados Unidos está tan preocupado por proveer de Internet a Cuba –acciones denunciadas como injerencia por nuestro canciller Bruno Rodríguez– lo primero, lo esencial es que levante el bloqueo.
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