Según los sitios digitales de noticias, esa decisión se derivó de la visita a esta capital del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien solicitó a las autoridades le permitieran ver todas las pruebas relativas al caso, en el cual el ex mandatario y otros antiguos altos funcionarios son acusados de crímenes de lesa humanidad.
El fiscal dijo que abrirá una oficina en Jartum para dedicarse ‘a reunir pruebas con mis colegas de las autoridades judiciales sudanesas con el fin de llevar la justicia a las víctimas y lograr que esta se haga’.
No obstante, acotó que no se fijó una fecha exacta para la extradición de Al Bashir y las otras personas buscadas, una solicitud gestionada por la Corte, pero que enfrenta la reticencia de sectores políticos y sociales sudaneses, así como se observa con preocupación por el auditorio continental.
Ahora Al Bashir está cumpliendo dos años de cárcel por tratos corruptos durante su presidencia entre 1989 y 2019, mientras la CPI quiere desde 2007 que enfrente cargos de crímenes de lesa humanidad en relación con la guerra en la occidental región de Darfur, donde perecieron unas 300 mil personas.
Durante su reciente visita a Jartum, Karim Khan declaró a la prensa que abordó el tema con funcionarios locales, pero no ofreció plazos para que entregarán al ex jefe de Estado a la Corte.
Khan firmó un memorando de entendimiento con el gobierno sudanés sobre la extradición de personas buscadas contra quienes la CPI emitió órdenes de arresto hace años, entre ellas a Al Bashir y su ministro de Defensa, Abdel Rahim Muhammad Hussein.
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