Mediante sus plataformas, las organizaciones defensoras de los derechos ambientales, indígenas y culturales denuncian la destrucción desde 2016 del referido sitial a manos de la constructora inmobiliaria Fénix SA de CV.
Luis González, integrante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, condenó la omisión de ocho resoluciones cautelares del Ministerio de Cultura, apuntaladas con pruebas de los daños ocasionados al patrimonio cuscatleco.
El Tribunal Segundo de Sentencia, del departamento de Sonsonate, reabrió el caso de marras, cuya vista pública comenzó este lunes y durará hasta el próximo viernes, con la declaración de testigos y demás implicados.
Los denunciantes señalan que el proyecto urbanístico Acrópolis Sonsonate dañó el patrimonio cultural de Tacuscalco, amén de contaminar el río Ceniza, que surca lo que fue un cementerio de las comunidades Nahua-pipil.
Esa tierra, considerada sagrada por las comunidades indígenas de la zona, es usada además para la siembra de caña de azúcar por la empresa Agroindustrial El Paraisal.
Según los activistas, el Ministerio de Cultura posee la facultad de resguardar determinadas extensiones de terreno bajo la Ley Especial de Protección al Patrimonio cultural.
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