La postura de Jarrín fue parte de su intervención durante el juicio político contra el exfuncionario, por incumplimiento de funciones, que tiene lugar desde esta mañana en la sede de la Asamblea Nacional en esta capital.
‘Que fue legal su paso por la contraloría, dice Celi. ¿Cuándo vino a esta Asamblea a posesionarse? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer respetar este espacio posesionando a las autoridades que se deben posesionar?’, cuestionó Jarrín.
Asimismo, hizo referencia al autoatentado registrado en la instancia que dirigía, en octubre de 2019, y recordó cómo fue el propio excontralor quien acusó de esas acciones a jóvenes indígenas de la provincia Cotopaxi, quienes entonces participaban en una protesta contra medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno.
Por su parte, Viviana Veloz, señaló que dentro de su alegato, el enjuiciado no pudo desvirtuar las causales sustentadas de manera técnica y jurídica, por las cuales se da el proceso.
A juicio de Ronny Aleaga, la única razón que se puede determinar después de ver cómo se aferra con uñas y dientes al cargo ‘auto regalado’ es simplemente tapar o esconder más indicios vinculados a actos delincuenciales con el dinero de los ecuatorianos.
Es momento de tomar una decisión, el Ecuador honesto espera nuestros votos para censurar política y moralmente a Pablo Celi, a quien describió como impostor, quien actuó de manera ilegal y se sirvió de un cargo público para enriquecerse.
Las intervenciones fueron parte del debate, en el marco del juicio político, convocado por la presidenta de la Asamblea nacional, Guadalupe Llori, luego de que el pleno analizó el informe redactado por la Comisión de Fiscalización.
Además de ser acusado de ocupar de forma ilegítima el puesto de contralor del estado subrogante, sobre Celi pesan otras irregularidades como el desvanecimiento de glosas o limpieza de informes sobre problemas de empresas, así como la interferencia en la función electoral, durante los comicios generales de este año.
El pleno del parlamento requiere de al menos 69 votos para validar la censura.
De forma paralela, el exfuncionario enfrenta un proceso penal por presunta delincuencia organizada, por el cual cumple prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito.
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