La idea principal que nos llevamos es que el país marche hacia la verdad y avance con ese precedente y la necesidad efectiva de justicia, afirmó el secretario ejecutivo del GIEI a la Agencia Boliviana de Información.
El informe del Grupo, presentado este martes y motivo de gran repercusión internacional, fue construido desde las voces de las víctimas e información del gobierno, con total apertura del Estado, destacó el experto.
La investigación, que recoge los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, verificó esos hechos en las zonas de Senkata, en la ciudad de El Alto (en La Paz), y Sacaba, departamento de Cochabamba.
Los actos represivos contaron con el uso de armas letales por las fuerzas de seguridad, abusos sexuales y ejecuciones extrajudiciales contra civiles, señala el documento, síntesis de unas 100 mil fojas de expedientes y el testimonio de 360 personas.
Medios bolivianos citaron este miércoles el informe del GIEI, entidad que investigó durante ocho meses los actos represivos, e incluyó entrevistas a 400 individuos, el análisis de 120 mil expedientes y testimonios de organizaciones sociales.
El GIEI-Bolivia comenzó en La Paz sus labores el 23 de noviembre de 2020 con el total respaldo del gobierno del presidente Luis Arce, indicaron las fuentes.
La institución independiente retomó las encuestas en la segunda semana de enero de 2021, luego de una etapa preliminar de investigación y una pausa por fin de año y terminó en julio último sus indagaciones.
El documento final confirmó que los disparos causantes de muertos y heridos durante la represión contra las protestas provinieron de manos de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que usaron armas letales, según las evidencias.
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