El texto legal, surgido de los trabajos de la Convención Ciudadana del Clima y presentado al Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, ‘constituye una importante oportunidad para recuperar el terreno perdido por Francia en sus presupuestos de carbono de los próximos años’, y la década actual es ‘crucial para responder a la emergencia climática’, señaló el órgano consultivo.
Sin embargo, el gobierno se quedó muy corto a la hora de proponer cambios estructurales y las críticas llegaron en las últimas semanas desde instituciones como el Consejo de Estado y el Consejo Económico, Social y Medioambiental, así como desde el movimiento ecologista francés.
Francia se comprometió a alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, rebajando las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) más de seis veces con respecto a las de 1990, sin embargo el Consejo Superior del Clima (HCC, por sus siglas en francés) recordó que la primera etapa de reducción (2015-2018) no solo no se cumplió sino que finalizó con un aumento ‘significativo’, estimado en 61 millones de toneladas de CO2.
Los datos presentados mostraron que durante los últimos cinco años Francia rebajó sus emisiones a un ritmo anual del 1,2 por ciento, mientras que el descenso previsto para el segundo periodo (2019-2023) es del 1,5 por ciento, y del 3,2 por ciento anual a partir de 2024.
El informe también señaló que si bien la reducción de las emisiones en 2019 fue del 1,7 por ciento ello se debió a que en 2020 el gobierno modificó al alza el techo máximo fijado en la Estrategia Nacional de Baja Emisión de Carbono ‘en contra de la valoración del HCC, posponiendo así el esfuerzo a realizar’.
La percepción es que el actual proyecto de ley mantiene esa orientación, por lo que las estimaciones del HCC indican que únicamente se alcanzarán ‘entre la mitad y los dos tercios de la distancia a recorrer entre las emisiones de 2019 y el objetivo de reducción marcado para 2030’.
Además, el dictamen consideró que ‘la falta de transparencia metodológica impide pronunciarse sobre el impacto previsto del proyecto de ley’, con el agravante de que ‘el estudio de impacto no respeta los principales principios de una buena evaluación de las políticas públicas recomendados por el HCC’.
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