En un comunicado, la alianza progresista encabezada por 53 líderes de Latinoamérica, El Caribe y España, resaltó la posición del Comité, al considerar la condena del Tribunal Supremo español contra el exjuez de arbitraria e injustificada por falta de garantías, parcialidad y de competencia del tribunal respectivo.
Asimismo, el Grupo señaló que espera que España cumpla con lo requerido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la eliminación de cualquier registro de antecedentes penales y el resarcimiento de los respectivos perjuicios morales y materiales, a la mayor brevedad.
El exmagistrado fue inhabilitado durante 11 años por prevaricación, al investigar un importante caso de corrupción conocido como Gürtel, vinculado al conservador Partido Popular, entonces en el poder.
Garzón es uno de los miembros del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), mecanismo nacido bajo el Grupo de Puebla con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región.
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