Es la forma en que un gobierno responsable monitorea de dónde viene y hacia dónde va el dinero frente a las amenazas insurgentes y terroristas secesionistas. No afecta a las ONG legítimas, escribió el funcionario en Twitter.
Sin embargo, algunas ONGs dijeron que el requisito, que se transmitió a las misiones diplomáticas el pasado 5 de febrero, podría conducir a una reducción de la financiación y amenazar su supervivencia.
Filipinas tiene unos 60 mil grupos de ayuda registrados, según la Asociación Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, que promueven los intereses de los agricultores, las mujeres y los pueblos indígenas, entre muchos otros.
El aumento del extremismo local inspirado por el Estado Islámico y la intensidad de los ataques en los últimos tiempos ha causado alarma en el Gobierno, que de esta manera intenta evitar que se disfrace el apoyo al terrorismo.
mem/lp
