La nueva gestión del Ejecutivo inició el pasado 24 de mayo, con la posesión del mandatario y el vicedignatario Alfredo Borrero, así como la designación de algunos ministros y secretarios de Estado.
Entre las promesas de campaña del político de centroderecha estaba realizar una campaña para inmunizar contra la Covid-19 a nueve millones de personas en los primeros 100 días, con un plan acelerado para mejorar el combate a la pandemia y bajar los índices de propagación y ocupación hospitalaria.
A la fecha, según datos del Ministerio de Salud Pública, ocho millones 208 mil 617 ciudadanos completaron el esquema de vacunación y nueve millones 987 mil 247 recibieron la primera dosis, para un total de 18 millones 195 mil 864 de dosis aplicadas.
En ese sentido, para muchos el programa ha sido un acierto, evidente en la disminución de contagios y muertes por la enfermedad, entre otros patrones indicativos de los beneficios de las inoculaciones con las vacunas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, con dos aplicaciones, y la monodosis CanSino.
Por su parte, el Jefe de Estado agradeció recientemente a los países que colaboraron con el suministro de los inyectables y el aseguramiento del éxito del Plan 9/100.
A su juicio, los beneficios del programa no solo impactan en la salud, sino también permitirán avanzar en temas económicos y sociales.
Sin embargo, el progreso en la campaña contra la pandemia no logró opacar promesas incumplidas, el descontento y desacuerdo de múltiples sectores de la población con situaciones puntuales en materia económica, educativa y de combustibles, cuyos precios suben cada mes.
En los tres meses de gestión se registraron ya manifestaciones para demandar la derogación del decreto que estableció precios para la gasolina y el diésel, contra los recortes en el presupuesto para las universidades y por la aplicación de las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Al respecto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas exige fijar valores para los combustibles, en tanto los sindicatos demandan el fin de proyectos privatizadores y de la precarización laboral.
En ese sentido, algunos politólogos estiman que Lasso significa la continuidad de su antecesor Lenín Moreno, cuyas medidas económicas tuvieron un impacto negativo en las familias de menos recursos, sobre todo a partir del inicio de la pandemia, desde marzo del año pasado.
Otro motivo de crítica es la determinación del Ejecutivo de mantener acuerdos con instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condiciona préstamos a ajustes dañinos para los trabajadores.
En ese sentido, opiniones desde diversos sectores de la sociedad coinciden en estimar poco probable la posibilidad de ver cumplido el compromiso de Lasso de sacar a esta nación andina de la contracción económica y reactivar el mercado laboral.
A la sazón, recientemente la administración nacional presentó al Parlamento la proforma de presupuesto nacional 2021 y la programación presupuestaria cuatrienal, que también fue ampliamente cuestionada porque implica reducción de fondos para sectores fundamentales.
‘La proforma presupuestaria enviada por el gobierno a la Asamblea no responde a los ofrecimientos de campaña del Presidente. Los recortes a sectores como Educación y Vivienda nos hacen pensar que siguen con la agenda del FMI y no con los intereses del país’, afirmó la legisladora de Unión por la Esperanza Paola Cabezas.
Mientras, las autoridades continúan labores en medio de grandes desafíos, entre la realidad nacional, las demandas ciudadanas, la incertidumbre en cuanto a sus próximos pasos y la espera sobre el cumplimiento de las promesas de campaña electoral. npg/scm
