La presidenta de la organización Cambio, Ingrid Vila Biaggi, aseguró que la JSF, impuesta hace cinco años al gobierno de Puerto Rico ante su bancarrota fiscal, ha defendido de forma agresiva el contrato del consorcio privatizador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
‘Es evidente el costo millonario de esta fracasada implementación, cuando la Junta admite que no tiene ningún análisis financiero del impacto ni en el presupuesto del gobierno ni en el sistema de retiro: esto es un fiasco, es inaceptable’, sostuvo.
Vila Biaggi, junto a la agrupación Queremos Sol, acusó de irresponsable a la JSF por no haber analizado el impacto negativo del contrato de LUMA Energy sobre el presupuesto del gobierno puertorriqueño y el Sistema de Retiro de la AEE.
En carta del pasado 24 de agosto, dirigida a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de Puerto Rico, el organismo impuesto por Washington solicitó datos de los salarios y beneficios de los desplazados empleados de la corporación eléctrica estatal.
Además, información del impacto de la transacción de LUMA Energy sobre el Sistema de Retiro de la AEE y los puestos en el gobierno a donde han transferido a los empleados.
La transferencia de miles de empleados de la AEE a otras agencias públicas le va a costar anualmente al gobierno central en quiebra más de 200 millones de dólares, según un informe publicado en agosto por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (Ieefa).
La carta de la JSF indica que varias agencias, algunas de las cuales han recibido cientos de empleados transferidos, han expresado preocupación acerca de costos laborales, falta de asignación de fondos, inversión capital, e impactos en el flujo de efectivo.
Vila Biaggi dijo que fue la JSF que aprobó a finales de junio un presupuesto para el gobierno central que redujo las partidas de nómina de las dos agencias que recibieron la mayor cantidad de empleados transferidos de la AEE.
El profesor Agustín Irizarry, quien fuera representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, aseguró que cuando la JSF, en su costumbre antidemocrática, amenazó con demandar a la Legislatura si detenía la implementación del contrato para resolver los problemas laborales, dijeron que el contrato de LUMA cumplía con los Planes Fiscales del gobierno central.
‘¿Cómo llegó la JSF a esa determinación cuando ahora descubrimos que la JSF todavía no tiene claro el impacto presupuestario del contrato?’, cuestionó el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
Irizarry enfatizó en que la Ley Promesa requiere que los planes fiscales contengan fondos adecuados por los sistemas de retiro públicos.
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