La normativa prohíbe además la eventual privatización del agua y garantiza su saneamiento para que la población disponga de agua de calidad, suficiente, segura, accesible y asequible.
Los diputados a cargo también coincidieron en que el Estado, sus órganos e instituciones tienen la obligación de garantizar este derecho con equidad, sin discriminación y con sustentabilidad ambiental.
También fueron avalados los compromisos por la protección de las cuencas, acciones para el saneamiento del agua, coordinación entre instancias del Estado, la sociedad civil y los sectores productivos.
‘La normativa tiene un enfoque de carácter público y no busca la privatización. Continuaremos con la articulación de forma transparente’, afirmó la diputada oficialista Sandra Martínez.
El articulado detalla que le corresponde al Estado la regulación, gestión integral y administración de los recursos hídricos.
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