Los jueces reconocieron la existencia de daños ecológicos y la responsabilidad estatal al no cumplir ‘los compromisos que había asumido y que no respetó en el marco del primer presupuesto de carbono’, pero se dieron un plazo de dos meses antes de pronunciarse sobre la necesidad de instar al Estado a hacer efectiva la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero declarada.
Las conclusiones de la sentencia se apoyaron en gran medida en pruebas científicas, incluidos los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el incumplimiento de la trayectoria autoimpuesta por el gobierno, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Baja Emisión de Carbono (NLCS).
Además, la sentencia condenó al Estado a pagar a las cuatro organizaciones demandantes la cantidad simbólica de un euro a cada una, en concepto de indemnización por su perjuicio moral, y pidió a los ministros competentes que en el plazo de dos meses presentaran las ‘observaciones no comunicadas’ durante la investigación.
Durante este periodo los jueces analizarán un posible requerimiento para actuar contra el Estado, atendiendo en particular a la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo del país, que ya realizó una solicitud similar sobre otro caso de inacción climática.
Si el Estado decide recurrir la sentencia, el caso se llevará ante el Tribunal Administrativo de Apelación de París.
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