Más de 15 horas duró el proceso, enmarcado en la sesión 726, que cumplió con todos los pasos establecidos en la Constitución.
Con 136 asambleístas presentes y una sola ausencia, 75 legisladores votaron a favor de la moción que propuso sancionar al funcionario, mientras 47 se pronunciaron en contra y hubo 14 abstenciones.
Un intenso debate caracterizó la jornada, a partir de las intervenciones de Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática), quienes expusieron los motivos impulsores de la solicitud de enjuiciamiento por incumplimiento de funciones.
De acuerdo con los interpelantes y el informe de la Comisión de Fiscalización hubo infracciones a la ley de la Defensoría del Pueblo y a la Ley Orgánica del Servicio Público, además de otras vinculadas con los derechos humanos al ocasionar daños físicos contra una persona de sexo femenino, mostrados en videos, en documentación y testimonios.
Hechos como el mal uso de bienes de la Defensoría del Pueblo fue una de las razones señaladas, además de la causa penal que pesa contra el directivo por presunto abuso sexual cometido en mayo pasado, mientras visitaba el domicilio del exministro de Salud Pública Mauro Falconí, en medio del toque de queda dispuesto para evitar la propagación de la Covid-19.
Al respecto, favorecieron lo mocionado asambleístas de Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, la bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, y un dividido Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.
Por su parte, la bancada de la alianza progresista Unión por la Esperanza (UNES) rechazó la medida.
En ese sentido, Viviana Velóz, en representación de UNES, afirmó que se dieron vulneraciones en el proceso contra Carrión, a fin de defender a autoridades quienes violentaron los derechos de los ecuatorianos.
Además de su censura y destitución, la moción propuso remitir el expediente del juicio político a la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la comandancia general de la Policía para iniciar un examen especial por el uso indebido de bienes y recursos públicos durante el ejercicio del cargo y determinar responsabilidades.
Múltiples opiniones coinciden en que el exfuncionario fue víctima de persecución política por denunciar delitos de lesa humanidad perpetrados durante los 11 días consecutivos de protesta nacional contra el gobierno nacional, en octubre de 2019.
Sobre ese particular, en su derecho a la defensa durante la sesión plenaria, el procesado insistió: ‘denuncié al país que ese era el trasfondo de todo ese tipo de persecución que se ha iniciado en mi contra, porque fui el que me atreví a cuestionar el poder y a denunciarlo’.
Asimismo, acusó a sus interpelantes y al primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de buscar ‘repartos’ en la Defensoría, detrás de ese mecanismo de control político.
De su lado, su esposa, Priscila Schettini, alertó que con su voto los parlamentarios podrían legitimar un fraude procesal pues hubo partes policiales adulterados, entre otras irregularidades.
‘Es una trampa, un show para hacer caer al defensor del pueblo por los hechos de octubre de 2019’, advirtió.
Para Sofía Espín, de UNES, la tienda política votó con la coherencia de siempre, en desacuerdo con la persecución, que quedó consumada con las sanciones.
Entre quienes no secundaron la moción por Pachakutik estuvo Salvador Quishpe, que en su comparecencia dijo: ‘Aquí está claro: este juicio político es por el informe donde se incluyen delitos de lesa humanidad en contra de los exgobernantes del periodo anterior’.
Votar a favor de la destitución o de la censura, sería deshacernos de ese informe y aquí no estamos para eso, vamos a reivindicar nuestra lucha, esa lucha buscando el respeto a la dignidad’, agregó.
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