A través de un memorando, la titular del parlamento oficializó el pedido, que involucra a 21 funcionarios directamente vinculados a su despacho.
En el texto solicitó a ese personal ‘que se pongan a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción, así como la renuncia a los contratos de servicios ocasionales’.
Asimismo, precisó que la medida responde a la necesidad de evaluar y mejorar el equipo de trabajo.
Entre los servidores que deberán presentar la dimisión constan quienes los puestos de asesor de presidencia, institucional, de política, jurídico, de logística y avanzada, así como el coordinador general de unidad de técnica legislativa.
También forman parte de la lista la jefa de despacho de la presidencia, Verónica del Rocío Zapatier, la administradora general encargada, Janeth Puetate, la coordinadora de Participación Ciudadana, Cecilia Velasque, el de Planificación, Diego Almeida, el de Protocolo, Paúl Abad, y el secretario de comunicación, Gustavo Isch, entre otros.
El pedido se hizo a pocas horas de trascender cifras sobre la contratación de empresas para la organización de eventos por un valor aproximado de 100 mil dólares, además de gastos en viáticos por viajes.
Medios locales de prensa indicaron que Llori también dictaminó dar de baja al polémico contrato, suspender procesos administrativos y anunció el requerimiento de una auditoría de la Contraloría General.
La nueva situación al interior del legislativo aumenta las críticas a la gestión de la titular del ente, a poco más de cuatro meses del inicio de la gestión.
Igualmente coincide con procesos vigentes contra algunos miembros del pleno como la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, quien fue expulsada del partido Izquierda Democrática, por supuesta gestión de cargos públicos.
La víspera, por mayoría de 81 votos de 137 posibles, el pleno aprobó una moción para pedir la renuncia de la legisladora, que permanece en el puesto.
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