La solicitud, aprobada por 77 de los 135 presentes, fue impulsada por la parlamentaria Mireya Paza, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, a cargo de evaluar el texto presentado por el ejecutivo y de elaborar un informe al respecto, para el debate de todos los miembros de la Asamblea Nacional.
Tras varias horas de debate, el pleno acordó realizar varias observaciones al documento y solicitar al gobierno redactar un proyecto nuevo o ratificar el actual, con el cual hay desacuerdos en algunas bancadas.
Según se explicó en la sesión, en la Proforma Presupuestaria 2021 y la Programación Presupuestaria 2021–2024, no se identifica un valor de límite de endeudamiento, además de la ausencia del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, sobre la base del programa de gobierno del dignatario, Guillermo Lasso, que debe aprobar el Consejo Nacional de Planificación.
Varios legisladores consideraron que las asignaciones para educación y salud incumplen con el incremento anual establecido por ley, del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual deberá ser ajustado.
La administración nacional deberá presentar justificativos para establecer con claridad la falta de subestimación de egresos, déficit y necesidad de financiamiento, además de definir una tasa de inflación consistente, así como probar que no hay sobreestimación de los ingresos petroleros, tanto por el precio proyectado, como por niveles de producción.
Otro pedido es presentar el monto de atrasos a cubrir durante el ejercicio 2021 con la Seguridad Social, pago del incentivo por jubilación de servidores públicos y asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Igualmente, mostrar cantidades y plazos que se pagarían en los siguientes años, dentro de la programación cuatrienal respectiva e incluir el detalle de las asignaciones por aplicación de la Ley de Desarrollo Amazónico.
En el caso de las universidades, la observación va encaminada a ajustar los recursos, a efectos de garantizar la adecuada operación de esas instituciones, teniendo en consideración el incremento anual de estudiantes integrados a la educación superior del país.
La mayoría en el pleno también concordó en que la diferencia en los subsidios a los combustibles entre el Presupuesto General del Estado de 2020 y el de 2021 es mínima y resulta inconsistente con el incremento sostenido de los precios internos de los derivados del petróleo.
La resolución, remitida al mandatario, indica que la función ejecutiva contará con un plazo de 10 días para emitir su posición al respecto, la cual será analizada nuevamente en la Asamblea Nacional.
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