La propuesta fue hecha pública por Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
‘El objetivo es imponer el orden, pero también crear condiciones favorables’, precisó el funcionario, quien asumió el SNAI en reemplazo del general retirado Edmundo Moncayo, desde finales de julio último.
Desde ese mismo momento, el mandatario declaró el estado de emergencia en todas las prisiones del país por el aumento de enfrentamientos entre reos con saldo elevado de muertos y heridos.
Pese al reforzamiento en los controles y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad en esas instituciones, los incidentes violentos continúan.
La víspera, un grupo de la policía encontró armas de diferente tipo y otros objetos prohibidos durante una operación de revisión en la Penitenciaria del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, una de las que tiene mayor incidencia de problemas.
Tres armas de fuego, 250 cartuchos de distintos calibres, una granada, 12 tacos de dinamita, 16 teléfonos móviles, varias dosis de droga, entre otros elementos cuya tenencia está vetada, fueron encontrados en el pabellón de máxima seguridad.
Varios de estos artículos fueron encontrados en compartimientos ocultos de paredes, pilares y techados, que fueron minuciosamente requisados por los uniformados.
Justamente en ese centro de privación de la libertad, hace unos días se registraron varias explosiones.
En la revisión de la cárcel estuvo presente el gobernador de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, quien aseguró que con esas acciones se busca no solo recuperar el orden, sino también comprobar el estado de los inmuebles, a fin de intentar mejorar las condiciones de vida de los presos.
Por su lado, el director del SNAI agregó que ‘persistimos en el objetivo para que la Ley se imponga en el sistema penitenciario, nuestros operativos, además de enfocarse en seguridad, busca garantizar el fortalecimiento de la asistencia médica y ayuda en infraestructura’.
Recientemente, el ejecutivo decidió destinar 75 millones de dólares para la reestructuración del sistema penitenciario, los cuales serán invertidos en cuatro años.
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