La propuesta fue entregada y defendida ante el Parlamento por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Dentro del máximo órgano legislativo, a cargo de evaluar el documento, las reacciones contradictorias no se hicieron esperar.
El bloque del movimiento progresista Unión por la Esperanza (UNES), fue uno de los que rechazó el texto.
Al respecto, la asambleísta Paola Cabezas advirtió que hay varios puntos de preocupación para el colectivo, entre ellos, la intención de crear dos sistemas de contratación laboral.
‘Hay una regresión porque habrá trabajadores de primera y de segunda’, alertó de forma categórica la coordinadora de la bancada de UNES.
Asimismo, insistió en que su fuerza política no se prestará para apoyar propuestas castigadoras para los más pobres y la clase media de este país andino, sumido en una crisis económica, agudizada por la pandemia de la Covid-19.
‘No es posible combatir la pobreza con políticas contrarias que precarizan aún más las condiciones de quienes menos tienen’, consideró.
Por su parte, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, aseveró que no apoyarán, entre otras cosas, el ajuste en las deducciones del impuesto a la renta, cuya previsión indica un aumento del 3,5 por ciento en la contribución de la población económicamente activa, a partir de quienes perciben más de 24 mil dólares anuales.
Desde las organizaciones sociales y gremios de trabajadores, son varias las preocupaciones.
Por ejemplo, el presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, José Villavicencio, adelantó que mañana tomarán una posición respecto a la normativa.
En su criterio, la regulación buscaría generar una regresión de derechos y cuestionó si está diseñada para crear empleos o si es a favor de los grandes grupos económicos.
Entre las inquietudes del FUT consta el tema relacionado con el trabajo por horas, que implicaría la eliminación del pago del tiempo suplementario y ordinario durante los fines de semana.
‘Nos quieren retroceder un siglo en derechos laborales’, ratificó.
En medio de la polémica, la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, anunció que a partir de mañana, su cartera de estado y otras involucradas en la propuesta legal, iniciarán conversaciones con las distintas bancadas, en busca del consenso necesario para la aprobación de la ley.
A su juicio, es un proyecto en el que el gobierno nacional recoge la principal demanda de los ecuatorianos en espera de respuestas para encontrar un trabajo.
De su lado, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, señaló tras recibir el proyecto: ‘La Asamblea Nacional se compromete a procesar esta Ley de manera responsable, rápida y técnica, cumpliendo los plazos que establece la Ley’.
El texto de casi 200 páginas comprende eliminar el Impuesto al Valor Agregado en el área del sector turístico destinada al hospedaje para visitantes extranjeros y aplicar una contribución especial y temporal (por dos años) a ciudadanos con patrimonios mayores a los 500 mil dólares y por una sola vez a quienes superan el millón de dólares.
La normativa incluye materias en los ámbitos económico, tributario y laborales, lo cual contradice el precepto de que un proyecto e ley debe abordar un solo tema.
‘Si ese es el componente de la Ley, le tocaría al Consejo de Administración Económica revisarlo’, sentenció Cabezas al respecto.
El mandatario ecuatoriano solicitó que el instrumento legal sea analizado con carácter de urgente. En ese caso, correspondería a la Comisión de Régimen Económico efectuar la revisión, en un plazo de 30 días, para su posterior debate en el pleno.
En manos de los asambleístas queda ahora la posibilidad de corregir el contenido, realizar sugerencias, aprobarlo o decidir archivarlo.
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