Según documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, en 2010 el mandatario y su familia vendieron acciones del proyecto minero Dominga por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.
Parte de esa transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes británicas y el pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuáles estaba condicionada a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.
Tras calificar los hechos como graves, las bancadas de diputados de la oposición acordaron instalar una comisión de expertos para revisar los argumentos jurídicos que podrían viabilizar una acusación contra el mandatario.
‘Los hechos que el país ha conocido nos parecen extremadamente graves y delicados y ameritan que la oposición ponga sus equipos jurídicos a disposición para iniciar el estudio de una acusación constitucional al presidente’, declaró el legislador del Partido Socialista Jaime Naranjo.
Con esa posición coincidió Tomas Hirsch, de Acción Humanista, quien expresó su convencimiento en la necesidad de actuar legalmente ante actos que están hoy día en los titulares del mundo entero.
Otro diputado, Daniel Núñez, del Partido Comunista, advirtió que en tres años y medio del gobierno de Piñera no se ha avanzado en el resguardo de la zona donde se emplaza el proyecto minero Dominga.
La víspera, el mandatario ofreció declaraciones desde el Palacio de la Moneda, donde aseguró que desde abril de 2009, antes de asumir su primera presidencia, se desligó de la administración y gestión de las empresas familiares.
Según el mandatario, la venta, la estructura de la venta y la cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación en el año 2017 e investigadas por los tribunales, quienes determinaron que no había delito.
Tras las revelaciones contenidas en los Pandora Papers (Papeles de Pandora), el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a la Unidad Anticorrupción analizar las transacciones descritas en esos documentos, que involucran al presidente Sebastián Piñera y a su familia.
Los abogados de esa dependencia deberán examinar los antecedentes de la compraventa de la minera Dominga para determinar si hay posibles delitos tributarios o de tráfico de influencias que ameriten una investigación penal de oficio.
Según la última encuesta publicada aquí la desaprobación del Gobierno de Piñera pasó de 68 a 71 puntos en una semana.
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