Durante una videoconferencia con autoridades regionales desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ratificó el compromiso de las autoridades de garantizar la protección de los derechos socioeconómicos de la población.
El mandatario aseveró que estos son tiempos de trabajar por el bien común, para asegurar el acceso de todos a los bienes y servicios, en el ámbito de una emergencia sanitaria inédita a nivel mundial.
“Esta semana hemos tomado acciones para detener la especulación y la robadera en la calle, hay una mesa de precios acordados”, precisó Maduro, quien demandó el apoyo de los trabajadores a estas medidas, encaminadas a equilibrar la balanza de precios y buscar la protección social.
Subrayó que algunos sectores no pueden aprovechar la situación de pandemia para robar al pueblo; “haremos respetar los precios acordados, aquellos empresarios que quieran hablar, nuestras puestas están abiertas para entendernos”, señaló.
El aumento indiscriminado de los precios en bienes de primera necesidad como alimentos y medicinas estuvo asociado al abrupto incremento del dólar en el mercado paralelo de divisas, el cual toman como referencia la mayoría de empresarios y comerciantes para sus operaciones.
Desde comienzos de abril la moneda estadounidense triplicó su valor respecto al bolívar, en un fenómeno recurrente que autoridades y analistas perciben como un factor de desestabilización y un ataque a la devaluada moneda nacional, con el fin limitar el nivel adquisitivo de la población y crear condiciones para un estallido social.
La nueva ola especulativa sobrevino en un escenario marcado por la cuarentena social y colectiva implementada por el Ejecutivo para contener la propagación de la Covid-19, unido al complejo panorama político y la crisis económica acrecentada por el derrumbe de los precios del petróleo y las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos.
Ante esto, el gobierno venezolano activó un plan nacional de fiscalización contra el fenómeno de la especulación, a través de la supervisión de las ventas en varias empresas productoras de alimentos que incentivaron el fenómeno de inflación inducida.
A partir de este lunes debe circular el listado de precios acordados en un grupo de insumos alimenticios, resultado de un análisis conjunto entre el Ejecutivo bolivariano y la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
En esa línea de acción, las autoridades determinaron la ocupación temporal del Consorcio Oleaginoso Portuguesa S.A. (Coposa), con el fin de mantener la producción y evitar que esa entidad continuara como un factor de distorsión y un marcador de precios especulativos.
Asimismo, el gobierno decretó la venta supervisada en tres entidades productoras de alimentos: Empresas Polar, la productora de embutidos Plumrose y el matadero de Turmero (estado de Aragua).
La devaluación sistemática de la moneda local a través de marcadores ilegales para generar un alza indiscriminada de precios, constituye una de los principales frentes de ataque en la guerra no convencional contra Venezuela promovida desde Estados Unidos en complicidad con sectores oligarcas del país sudamericano.
De acuerdo con la economista venezolana Pasqualina Curcio, “atacar la moneda e inducir la hiperinflación son actos criminales, pero accionar esta arma en una situación de cuarentena colectiva es exponencialmente genocida”.
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