La magistrada dio la orden tajante al gobernador de Chihuahua, el opositor del Partido Acción Nacional Javier Corral, quien iba a reabrirlas, bajo el argumento de que se mantiene la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Soto Morales otorgó de esa forma un amparo al abogado Carlos Joel Vargas quien lo había solicitado, y además, instruyó a la Secretaría del Trabajo estatal verificar la suspensión de actividades productivas.
La Secretaría del Trabajo dio a conocer que detectó que se encontraban en operación 102 centros laborales con actividades consideradas no esenciales, por lo que se determinó la suspensión temporal de las maquiladoras que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.
Según información oficial difundida por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas, operan 327 maquiladoras, 500 en Chihuahua, y en el país cinco mil 144.
En Baja California al parecer se van a reabrir las maquiladoras del sector automovilístico aunque primero deberán demostrar que son esenciales para la economía del país y que los trabajadores no corren riesgos de ser contagiados por Covid-19.
Luego del fallo de la jueza Soto Morales, la autoridad responsable de aplicar los cierres de factorías y empresas, cuya producción no sea considerada esencial, es la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado.
Entre los actos que reclama el abogado Carlos Joel Vargas en el juicio de amparo está la omisión de la autoridad responsable en establecer medidas de protección y seguridad eficaces para evitar el contagio del Covid-19, y no realizar acciones para asegurar la suspensión de labores no esenciales en el ámbito de su competencia.
Reprochó también la omisión de realizar acciones que señalan artículos de la Ley Federal del Trabajo, como lo que indica la declaratoria emitida por la Presidencia de la República el 30 de marzo, donde se declara de manera oficial la contingencia sanitaria en el país.
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