“Sin ciudadanía, las personas apátridas a menudo no tienen acceso a servicios esenciales, incluida la atención médica, y ahora también podría negárseles u obstaculizárseles el acceso a las pruebas y el tratamiento”, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El jefe de ese organismo, Filippo Grandi, agregó que otros podrían abstenerse de acceder a los servicios por temor a que su estado legal pueda ponerlos en riesgo de detención o deportación. «Es necesario repetir que la exclusión no beneficia a nadie, y mucho menos al esfuerzo global para contener el virus. La pandemia solo se puede vencer si todos, independientemente del estado legal, están incluidos en la respuesta», acotó.
Según informó Grandi, unos 3,9 millones de apátridas aparecen en los informes de 78 países, pero es probable que el número real sea mucho mayor, por lo que llamó a garantizar su inclusión en las campañas de información de la Covid-19 y tener en cuenta las preferencias de ubicación, idioma y comunicación.
Recordó que esa condición deja a muchas personas marginadas política y económicamente, discriminadas y vulnerables a la explotación y el abuso.
El Acnur pidió asegurar que las medidas de respuesta a la pandemia no alimenten la xenofobia y la discriminación racial, en su guía sobre políticas y buenas prácticas para los Gobiernos.
Asimismo, abogó por abstenerse de colocarlos en detención preventiva y considerar la liberación de los que se encuentran en ese estado por razones relacionadas con su condición de apátridas.
Como otro elemento sugirió paquetes de apoyo financiero a todos los residentes en el territorio que cumplan con los criterios de vulnerabilidad, independientemente de su estado legal.
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