Las contradicciones entre ambas partes se ahondaron luego de que a mediados del mes de julio fuerzas opositoras, lideradas por el imán salafista Mahmoud Dicko, organizaron multitudinarias manifestaciones, en las que exigían, entre otras demandas, la renuncia del actual presidente, Ibrahim Boubacar Keita.
Durante esas protestas, los inconformes, incluidos religiosos, sociedad civil y militantes partidistas, entre otros, también se pronunciaron contra el Ejecutivo por un presunto mal manejo de la seguridad y la economía, así como la ausencia de transparencia en los comicios parlamentarios, efectuados en abril de este año.
Al calor de esas movilizaciones, en la capital Bamako y otras ciudades, choques entre la policía y los manifestantes, ocurridos durante los días 10, 11 y 12 de julio, derivaron en la muerte de al menos 23 personas, según voceros del M5-RFP, en tanto, fuentes oficiales cifraron en 11 la cifra de decesos.
En medio de ese caldeado ambiente, que aumentó su temperatura en los últimos días, en los países del área africana y en la propia Mali se acrecentaron los temores de que la situación desemboque en caos y afecte la estabilidad incluso regional.
Ante ese eventual desenlace y para solventar la crisis sociopolítica maliense, jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) acordaron en una cumbre virtual de ese organismo regional -celebrada el 27 de julio pasado- un plan de medidas, el cual rechazó el movimiento opositor.
Los máximos representantes de ese ente, que integran 15 países, si bien incluyeron en su programa algunas de las demandas de los manifestantes opositores, entre ellas, pedir la renuncia de 31 parlamentarios supuestamente electos de forma fraudulenta para dar paso a elecciones parciales, no aprobaron la petición de exigir la dimisión del gobernante Boubakar Keita.
El organismo regional, el cual medió con éxito en 2012 en un conflicto entre diversas partes en Mali luego del golpe de Estado que depuso al entonces presidente Amadou Toumani Touré, consideró que el actual gobernante, Boubarcar Keita, de 76 años y en el poder desde 2013, fue elegido a través de las urnas con apego a la Constitución.
En cuanto al punto de la renuncia de los diputados, el parlamentario de la coalición partidista Le Mali Qui Bouge, Marcelín Guingueré, declaró a medios de prensa en nombre de esa formación política que no le atañe a la Cedeao pedir a los asambleístas que se aparten de sus puestos ya que existen otras vías para hacerlo.
Como parte de la hoja de ruta para poner fin a las disputas, la organización regional solicitó además de la reconstitución expedita del Tribunal Constitucional, acusado de parcialidad –denuncian los inconformes-, la conformación de un gobierno de unidad nacional.
Resulta oportuno apuntar que a tal solicitud accedió el actual gobierno tras la mencionada Cumbre y luego de dos visitas por separado de delegaciones de la Cedeao a ese territorio.
Aunque la oposición y la sociedad civil se niegan hasta la fecha a integrar un gobierno de coalición, el actual mandatario ya designó un pequeño gobierno, encabezado por el primer ministro, Boubou Cissé, e integrado por seis ministros, tres de los cuales fueron reelegidos en sus puestos.
De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo Gabinete, del cual son parte titulares de importantes carteras como Seguridad, Justicia, Asuntos Exteriores y Finanzas, tiene el encargo precisamente de conformar el Ejecutivo de unidad nacional, como uno de los más importantes retos del país.
En correspondencia con las recomendaciones de la Cedeao, las autoridades nacionales tienen pendientes otros encargos, como la creación de una comisión investigadora que determine los responsables de los casos de muertes, lesiones y destrucción de bienes, y la constitución de un comité para dar seguimiento a las medidas adoptadas.
MALI, ESPIRAL DE VIOLENCIA
Junto a esas tareas, en Mali existe también la necesidad de contener la recrudecida violencia desatada en zonas del centro y norte del país por grupos radicales islámicos, como el Estado Islámico del Gran Sahara y Ansarul Islam, los cuales causan desde 2012 devastación y muerte en las comunidades.
Vale decir que, según un reporte de Naciones Unidas, el cual data del pasado enero, desde 2016 los ataques de agrupaciones extremistas se multiplicaron en países del Sahel como Mali, Burkina Faso y Níger, con saldo de más de cuatro mil muertes reportadas sólo en 2019.
En la amplia zona, tropas militares del grupo conocido como G-5 Sahel, que integran Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger, también combaten a formaciones insurgentes como Boko Haram, la filial de Al Qaeda en el Sahel –el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, y ramas del Estado Islámico, como el Estado Islámico en el Gran Sahara.
Pese a la urgencia de contener la actividad de los entes irregulares armados en territorio maliense y otras partes aledañas, analistas consideran, no obstante, que no es sólo la acción de fuerzas militares las que erradicarán la violencia en Mali, sino un enfoque integral que contemple la erradicación de la pobreza y ofrezca a todos por igual posibilidades de desarrollo económico y social.
En Mali, donde la oposición política reiteró que convocará a nuevas jornadas de movilizaciones masivas para forzar a cambios en la estructura de poder, el conflicto entre el gobierno y agrupaciones contrarias a él, al parecer tiene como trasfondo un creciente malestar por una amalgama de problemas sociales y económicos acumulados, agravados por la expansión de la pandemia de Covid-19.
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*Periodista de la Redacción Internacional de Prensa Latina
