La operación de esa cartera del gobierno de Jair Bolsonaro fue revelada a finales de julio por el portal de noticias UOL.
Se identificó un grupo de 579 servidores de seguridad federal y estatal como parte del grupo antifascista, además de tres profesores universitarios.
Presentada por REDE, la demanda pide al STF que «suspenda inmediatamente la producción y difusión de conocimientos e información de inteligencia estatal producidos contra miembros del movimiento antifascista y profesores universitarios».
Recientemente el ministro de Justicia, André Mendonça, declaró que su cartera, a través de la Secretaría de Operaciones Integradas, elaboró un informe de inteligencia sobre el grupo de la Policía Antifascista.
Tal información fue confirmada a UOL por cuatro congresistas después de una sesión virtual de la Comisión Conjunta para el Control de las Actividades de Inteligencia del Congreso.
Los cuatro parlamentarios comentaron que Mendonça intentó relativizar el documento, al decir que no era ni una investigación ni un expediente. «Usó un eufemismo. El hecho es que está el informe», apuntó uno de los asambleístas.
Para el senador Randolfe Rodrigues, presente en la sesión, «se demostró y caracterizó que vivimos un caso clásico de espionaje político del gobierno en relación con los opositores».
De acuerdo con el periodista Jamil Chade, columnista de UOL, los dossiers llegaron a los relatores de las Naciones Unidas que se centran en la conducta del Ministerio de Justicia respecto al informe contra los antifascistas.
Indicó que una de las posibilidades es que Brasil sea colocado en una especie de lista sucia de gobiernos que promueven la intimidación.
Chade señaló que hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha comentado el hecho de que el gesto de la administración de Bolsonaro entró en el radar de los relatores.
Alertó que la revelación llegó discretamente a la ONU y las personas que entregaron la información temen represalias del gobierno brasileño.
mv/ocs
