“La atención comunitaria no solo es la más eficaz, también salvaguarda los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos de salud mental”, afirmó la directora de ese organismo regional, la doctora Carissa Etienne.
Según señaló, en ocasiones la atención en instituciones no les permite a esas personas alcanzar su pleno potencial como seres humanos.
Datos de la OPS indican que aunque se han fomentado legislaciones a favor de la transición, solo unos pocos Estados de la región proporcionan residencias comunitarias para personas con trastornos graves de salud mental.
En ese sentido, resaltan que en los últimos años se han logrado algunas experiencias fructíferas con la elaboración de planes y regulaciones.
El doctor Renato Oliveira, jefe de Unidad de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OPS, añadió que se debe trabajar con mayor ahínco para conseguir la voluntad y los recursos financieros que permitan ejecutar la desinstitucionalización psiquiátrica.
Los especialistas reconocen como obstáculos la limitación en el presupuesto destinado a la atención de salud mental, el reducido número de trabajadores preparados, la promoción desigual de la causa y una grave falta de apoyo político.
Desde noviembre de 1990, la OPS debate ese tema con la Organización Mundial de la Salud e instituciones médicas de diversos países, y este año divulgó la publicación “Desinstitucionalización de la atención psiquiátrica en América Latina y el Caribe”.
El documento promueve estrategias para obtener un apoyo político sostenido, incrementar la inversión financiera para reestructurar los sistemas de salud mental, fortalecer ese servicio en las comunidades e integrarlo en la atención primaria de salud.
De esta forma buscan proteger los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental y aumentar la concientización general sobre este problema.
rc/rbp
