Tal directiva tomó por sorpresa a los científicos que integran el Cuerpo asesor ya que hace ‘más de medio año’ sugirieron eludir esa obligación, según indicó el diario oficialista El País.
Cuatro integrantes consultados coincidieron en que una información previa es una garantía para el Estado y el paciente, pero el requisito de la firma puede aumentar índices de rechazo a la inmunización y de personas dubitativas.
Este propio órgano verificó hace siete años que cuando se estableció semejante proceder en la administración de la vacuna contra el cáncer del cuello de útero, muy pocas mujeres acudieron a vacunarse y se revocó la medida, ya que bastaba con la asistencia voluntaria a los centros sanitarios a cargo.
De acuerdo con el director general de Salud, Miguel Asqueta, la decisión del Ejecutivo del país sería por una exigencia de los laboratorios establecidas en contratos bajo reserva de confidencialidad a los que los asesores técnicos no pudieron acceder.
El presidente de la república Luis Lacalle Pou anunció la llegada a partir de marzo de dos millones de dosis de Pfizer/BioNTech y un millón 750 mil de la farmacéutica china Sinovac.
Por su parte el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos Wilder Tyler dijo a la televisión que la exigencia del consentimiento informado y rubricado le genera dudas.
A su vez, el director del Hospital Universitario de Clínicas Álvaro Villar manifestó al respecto que lo importante es respetar la voluntad individual.
Una encuesta realizada por el periódico La Diaria en diciembre arrojó que más de un 40 por ciento de los uruguayos participantes todavía no se muestra favorable a vacunarse.
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