Hace dos semanas, los diputados de la Comisión Investigadora relacionada con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) -bajo la lupa aquí por presuntamente haber violado información confidencial de los ticos- citó al mandatario tico para comparecer ante ellos el venidero día 10, pero con sesión a realizarse en el local del Plenario Legislativo.
En un mensaje ‘a mis compatriotas’, en su perfil de la red social Facebook, Alvarado señala que tengo el mayor deseo de explicar a los costarricenses, a quienes me debo, todo lo relativo a la UPAD y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en la evidencia.
Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada.
Así lo señaló el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un ente técnico, apunta Alvarado en referencia a esa sesión de la referida Comisión en el Plenario.
Asegura que lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a las no mas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en este honroso cargo.
El presidente aclara que su asistencia al Plenario no representa validación alguna por su parte hacia ese grave precedente.
‘Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense: tomo esta decisión pensando única y exclusivamente en los mejores intereses de las y los costarricenses, a quienes me debo’, subraya.
El decreto ejecutivo para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue firmado en octubre de 2019 por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, e interino de Planificación, Daniel Soto, y publicado en febrero de 2020 en el diario oficial La Gaceta.
La revelación poco después de que ese equipo de profesionales de la UPAD estaría ya trabajando (se habla incluso que desde hace año y medio) provocó gran revuelo en Costa Rica y el rechazo inmediato de casi todos los sectores, que coinciden en calificarlo de violatorio de las libertades individuales, persecución e inconstitucional.
Por ese caso, por primera vez en la historia de este país, Casa Presidencial fue allanada por agentes del Organismos de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en busca de pruebas contra los integrantes de la UPAD y hasta del propio mandatario, a quien le confiscaron sus celulares y computadora de trabajo.
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