El abogado Carlos Vladimir Rosales, experto en derechos del consumidor, en declaraciones al portal la gente, de Radio La Primerísima, indicó que se trata de especulaciones.
Según esa matriz de opinión al cumplir con lo estipulado en la citada reforma jurídica los bancos privados nicaragüenses perderán sus corresponsalías internacionales y Nicaragua será incluida en una lista negra por promover actividades del lavado de activos, precisó el jurista.
La reforma se refiere a una obligación actual de los bancos o cualquiera entidad dentro del sistema financiero de no poder cancelarle (a una persona jurídica o natural) un servicio sin tener una explicación legal basada en la legislación nacional, y no en ley extranjera sin aplicación Nicaragua, aclaró Rosales.
El abogado destacó que este país centroamericano cuenta con un sistema de detección de lavados de activos muy bueno, la Unidad de Análisis Financieros, la cual a su juicio realiza un trabajo excelente.
La Asociación de Bancos Privados lanza ahora esas especulaciones para crear zozobra en la población y, de esa forma, que no los obliguen a operar bajo un marco jurídico, el cual establece cuales son las obligaciones de los proveedores de servicios financieros, agregó.
También criticó el hecho de que la banca comercial estaba acostumbrada a operar a su gusto y antojo y tratar como quisiera a sus clientes, una situación lista a cambios tras la reforma a la Ley 842 por la Asamblea Nacional el pasado día 3.
Ese día el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, rechazó que hubiera en Nicaragua instituciones financieras con patente de corso para decidir al margen de la Constitución, de la ley, del debido proceso y de la presunción de inocencia, ‘quién vive y quién muere en materia financiera’.
Lo anterior fue una clara referencia a las medidas adoptadas por la banca que afectan los intereses de personas e instituciones víctimas de sanciones unilaterales por parte de gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos y Canadá.
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