Con más de un millón de personas vacunadas en una semana desde que se inició el programa de inoculación masiva, el gobierno ha recibido elogios por esa medida a pesar de algunos inconvenientes organizativos iniciales, pero analistas consideran que ese logro puede quedar empañado por las nuevas disposiciones del ejecutivo.
La víspera, el canciller, Andrés Allamand, dijo que no tendrán derecho a vacunarse los extranjeros que estén el país con visa de turista, quienes estén como turistas, pero vengan de un país al que no les exige visa, ni los que tengan una situación irregular, sin iniciar la solicitud de algún tipo de visado.
Ello se establece en una resolución del Ministerio de Salud, que rectifica lo dicho por el propio titular del sector, Enrique Paris, quien al comenzar el proceso dijo que la inmunización sería para todos sin excepción, por tratarse de un tema de salud.
Al parecer, con esa postura el gobierno trató de salir al paso a informaciones procedentes de Perú, donde un canal de televisión anunció paquetes de ‘turismo de vacunas’ a Chile, llamando a viajar a este país para inmunizarse contra la Covid-19.
Las primeras críticas partieron del Colegio Médico (Colmed), cuya presidenta, Izkia Siches, llamó a rectificar y mantener la tradición de la Salud Pública chilena de brindar protección a la población migrante más allá de su condición.
Asimismo advirtió que no solo afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad, sino que atentará contra la salud de toda la población, y exhortó al Gobierno a buscar formas más humanitarias, de limitar el ‘turismo de vacunas’.
Desde la oposición, el diputado Gabriel Boric señaló en Twitter que Allamand empaña un proceso que estaba siendo motivo de orgullo para todos, y aseguró que reclamará ‘para revertir esta decisión arbitraria y discriminadora’.
Por su parte, la académica de la Universidad de Valparaíso Javiera Arce, opinó que las palabras del canciller ‘enlodaron el exitoso proceso y centraron la atención nuevamente en las políticas xenofóbicas del Gobierno’.
A su juicio tal determinación ‘es un pensamiento reduccionista y que busca réditos entre los electores de extrema derecha y xenófobos, pero causa mucho malestar e incomodidad en el resto de la ciudadanía’.
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