En un comunicado conjunto, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y la representante especial de la ONU para la Infancia y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, consideraron insuficientes los esfuerzos realizados para combatir ese fenómeno y lamentaron las consecuencias del mismo para los menores.
Asimismo, condenaron a las fuerzas que ‘separan a los pequeños de sus familias y comunidades, los despojan cruelmente de su dignidad y destruyen sus vidas y su futuro’.
Por otra parte, alertaron que, pese a ser víctimas, muchas veces los niños son ilegalmente detenidos y solo un reducido número de ellos logra beneficiarse de programas de reintegración.
La inseguridad impide que miles de menores accedan a una educación y atención médica de calidad, mientras que las escuelas y los hospitales continúan siendo atacados, señala el texto.
Además, advierte que ese problema es agravado por la pandemia de la Covid-19, cuyo impacto atenta contra la seguridad de los pequeños y su incorporación a centros educativos.
Ellos están pagando el precio más alto y tenemos la responsabilidad de construir un sistema sostenible que los proteja en todo momento, apunta el comunicado.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la actualidad existen más de 300 mil niños soldados en conflictos en todo el mundo.
Mientras algunos se convierten en combatientes involuntarios y son obligados a participar en los combates, otros son forzados a convertirse en cocineros, mensajeros, esclavos sexuales y atacantes suicidas, entre otros.
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