Al valorar el informe presentado este viernes por la relatora especial de la ONU Alena Douhan, sobre el impacto de las acciones de asfixia económica adoptadas por Washington, el titular aseveró que el levantamiento de las acciones punitivas debe ser una demanda unitaria de todos los venezolanos.
Asimismo, Arreaza desestimó opiniones emitidas por algunos voceros de la oposición sobre el dictamen, y cuestionó la postura de esos sectores políticos ‘que en privado condenan enérgicamente las sanciones, pero hoy atacan el informe de la relatora de manera desconsiderada, sin ningún rigor o sustento’.
‘Hacen política (más bien politiquería) con el dolor del pueblo venezolano’, subrayó el canciller.
En rueda de prensa ofrecida este viernes al término de su visita oficial a la nación sudamericana, la experta independiente de la ONU instó al Gobierno estadounidense a levantar todas las sanciones adoptadas contra Venezuela, como parte de su estrategia para un cambio de régimen.
Douhan aseveró que las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos frenaron el desarrollo del país debido al severo impacto ocasionado a su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento durante los últimos años.
Asimismo, reconoció que la aplicación de tales acciones afectó el acceso del Venezuela a medicamentos y alimentos, lo cual generó un perjuicio directo en la salud de la población.
Las políticas de asfixia económica acentuaron el escenario de crisis y tensiones internas, con repercusiones en el flujo migratorio y la separación de las familias, indicó.
En tal sentido, Douhan mencionó los efectos devastadores de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente la salud, la alimentación, la educación y el desarrollo.
‘Me preocupa que (…) el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los recursos han exacerbado las calamidades económicas existentes (…)’, subrayó.
La relatora especial de la ONU arribó el 30 de enero a Venezuela para determinar si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de las denominadas sanciones obstaculizan la plena realización de los derechos humanos de los ciudadanos de la nación sudamericana.
En febrero de 2020, el Gobierno bolivariano demandó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la sostenida aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
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