La normativa establece además la conformación de un Consejo nacional estratégico para emergencias en el sector como la pandemia por la Covid-19, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó la víspera que esa ley será puesta en vigencia de forma inmediata en favor de todos los bolivianos, de acuerdo con nota publicada en la web de la instancia gubernamental.
Sobre el derecho a la protesta cuestionado por el Colegio Médico, Rodríguez ratificó el apego a lo estipulado en la Constitución Política del Estado y aclaró que el servicio de la salud no puede ser interrumpido de ninguna manera, tal como establece la Carta Magna.
Asimismo, denunció el trasfondo político de algunos sectores y de galenos, mientras los instaba a actuar en favor de la preservación de la vida de los bolivianos.
Por otra parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, destacó la semana pasada que la normativa busca proteger la salud de la población, evitar la mercantilización de los servicios sanitarios y fortalecer las capacidades del Estado para luchar contra la Covid-19.
Richter precisó que después de promulgada, los centros médicos deberán enviar a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud las listas de sus servicios con los precios máximos a cobrar.
Asimismo, establece restricciones para evitar que las clínicas puedan retener los cuerpos de personas fallecidas como mecanismo de presión para cobrar deudas a sus familiares.
‘La filosofía de la ley es proteger a la gente’, explicó el funcionario mientras aclaraba aclaró que esa iniciativa no vulnerará las autonomías porque se aplicará solo en casos de emergencia referida a la salud, y no a otros aspectos.
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